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2021-06-01 | Normativa

Ley 25.246. Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. Unidad de Información Financiera


B.O.: 10/05/2000

Buenos Aires, 05/05/2000


Código Penal. Modificación. Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. Unidad de Información Financiera. Deber de informar. Sujetos obligados. Régimen penal administrativo. Ministerio Público Fiscal. Derógase el art. 25 de la Ley 23.737 (texto ordenado). Con las modificaciones de los Dtos. 1.500/01 (B.O.: 26/11/01), 2/17 (B.O.: 3/1/17) y 27/18 (B.O.: 11/1/18), de las Leyes 26.087 (B.O.: 24/4/06), 26.119 (B.O.: 27/7/06), 26.268 (B.O.: 5/7/07), 26.683 (B.O.: 21/6/11), 27.260 (B.O.: 22/7/16), 27.440 (B.O.: 11/5/18) y 27.446 (B.O.: 18/6/18).


Nota: el Dto. 370/00 –de promulgación– se encuentra al final de la ley.


* Títulos de los artículos incluidos por la Editorial.


CAPITULO I - Modificación del Código Penal


Art. 1 – Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo*. Sustitúyese la rúbrica del Cap. XIII, Tít. XI, del Código Penal, el que pasará a denominarse de la siguiente manera: “Cap. XIII: Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo”.


Art. 2 – Encubrimiento*. Sustitúyese el art. 277 del Código Penal por el siguiente:


“Artículo 277 – 1. Será reprimido con prisión de seis meses a tres años el que, tras la comisión de un delito ejecutado por otro en el que no hubiera participado:


a) Ayudare a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de ésta.


b) Ocultare, alterare o hiciere desaparecer los rastros, pruebas o instrumentos del delito, o ayudare al autor o partícipe a ocultarlos, alterarlos o hacerlos desaparecer.


c) Adquiriere, recibiere u ocultare dinero, cosas o efectos provenientes de un delito.


d) No denunciare la perpetración de un delito o no individualizare al autor o partícipe de un delito ya conocido, cuando estuviere obligado a promover la persecución penal de un delito de esa índole.


e) Asegurare o ayudare al autor o partícipe a asegurar el producto o provecho del delito.


2. La escala penal será aumentada al doble de su mínimo y máximo cuando:


a) El hecho precedente fuera un delito especialmente grave, siendo tal aquél cuya pena mínima fuera superior a tres años de prisión.


b) El autor actuare con ánimo de lucro.


c) El autor se dedicare con habitualidad a la comisión de hechos de encubrimiento.


La agravación de la escala penal prevista en este inciso sólo operará una vez, aun cuando concurrieren más de una de sus circunstancias calificantes. En este caso, el Tribunal podrá tomar en cuenta la pluralidad de causales al individualizar la pena.


3. Están exentos de responsabilidad criminal los que hubieren obrado en favor del cónyuge, de un pariente cuyo vínculo no excediere del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o de un amigo íntimo o persona a la que se debiese especial gratitud. La exención no rige respecto de los casos de los incs. 1.e) y 2.b)”.


Art. 3 – Encubrimiento agravado*. Sustitúyese el art. 278 del Código Penal por el siguiente:


“Artículo 278 – 1. a) Será reprimido con prisión de dos a diez años y multa de dos a diez veces del monto de la operación el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare o aplicare de cualquier otro modo dinero u otra clase de bienes provenientes de un delito en el que no hubiera participado, con la consecuecia posible de que los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito y siempre que su valor supere la suma de cincuenta mil pesos ($ 50.000), sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí.


b) El mínimo de la escala penal será de cinco años de prisión, cuando el autor realizare el hecho con habitualidad o como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza.


c) Si el valor de los bienes no superare la suma indicada en este inciso, letra a, el autor será reprimido, en su caso, conforme a las reglas del art. 277.


2. (1) El que por temeridad o imprudencia grave cometiere alguno de los hechos descriptos en el inciso anterior, primera oración, será reprimido con multa del veinte por ciento (20%) al ciento cincuenta por ciento (150%) del valor de los bienes objeto del delito.


3. El que recibiere dinero u otros bienes de origen delictivo, con el fin de hacerlos aplicar en una operación que les dé la apariencia posible de un origen lícito, será reprimido conforme a las reglas del art. 277.


4. Los objetos a los que se refiere el delito de los incs. 1, 2 o 3 de este artículo podrán ser decomisados”.


(1) Inciso observado por Dto. 370/00.


Art. 4 – Escala penal aplicable*. Sustitúyese el art. 279 del Código Penal por el siguiente:


“Artículo 279 – 1. Si la escala penal prevista para el delito precedente fuera menor que la establecida en las disposiciones de este capítulo, será aplicable al caso la escala penal del delito precedente.


2. Si el delito precedente no estuviere amenazado con pena privativa de libertad, se aplicará a su encubrimiento multa de mil pesos ($ 1.000) a veinte mil pesos ($ 20.000), o la escala penal del delito precedente, si ésta fuera menor. (1) ‘No será punible el encubrimiento de un delito de esa índole, cuando se cometiere por imprudencia, en el sentido del art. 278, inc. 2’.


3. Cuando el autor de alguno de los hechos descriptos en el art. 277, incs. 1 o 2, o en el art. 278, inc. 1, fuera funcionario público que hubiera cometido el hecho en ejercicio u ocasión de sus funciones sufrirá además inhabilitación especial de tres a diez años. La misma pena sufrirá el que hubiera actuado en ejercicio u ocasión de una profesión u oficio que requirieran habilitación especial. (1) ‘En el caso del art. 278, inc. 2, la pena será de uno a cinco años de inhabilitación’.


4. Las disposiciones de este capítulo regirán aun cuando el delito precedente hubiera sido cometido fuera del ámbito de aplicación especial de este Código, en tanto el hecho precedente también hubiera estado amenazado con pena en el lugar de su comisión”.


(1) Frases observadas por Dto. 370/00.


CAPITULO II - Unidad de Información Financiera


Art. 5 (1) – Creación*. Créase la Unidad de Información Financiera (U.I.F.) que funcionará con autonomía y autarquía financiera en jurisdicción del Ministerio de Finanzas (2), la cual se regirá por las disposiciones de la presente ley.


(1) Artículo sustituido por Ley 26.683, art. 7 (B.O.: 21/6/11). El texto anterior decía:


“Artículo 5 – Creación*. Créase la Unidad de Información Financiera (U.I.F.), que funcionará con autarquía funcional en jurisdicción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la cual se regirá por las disposiciones de la presente ley”.


(2) Expresión sustituida por Dto. 2/17 (p.p.), art. 5 (B.O.: 3/1/17). Vigencia: 2/1/17. La expresión anterior decía: “... Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación ...”. Anteriormente, expresión sustituida por Ley 27.260, art. 92, inc. a) (B.O.: 22/7/16). Vigencia: 23/7/16. La expresión anterior decía: “... Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación ...”.


Art. 6 (1) – Funciones*. La Unidad de Información Financiera (U.I.F.) será la encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir:


1. El delito de lavado de activos (art. 303 del Código Penal), preferentemente proveniente de la comisión de:


a) Delitos relacionados con el tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes (Ley 23.737).


b) Delitos de contrabando de armas y contrabando de estupefacientes (Ley 22.415).


c) Delitos relacionados con las actividades de una asociación ilícita calificada en los términos del art. 210 bis del Código Penal o de una asociación ilícita terrorista en los términos del art. 213 ter del Código Penal.


d) Delitos cometidos por asociaciones ilícitas (art. 210 del Código Penal) organizadas para cometer delitos por fines políticos o raciales.


e) Delitos de fraude contra la Administración Pública (art. 174, inc. 5, del Código Penal).


f) Delitos contra la Administración Pública previstos en los Caps. VI, VII, IX y IX bis del Tít. XI del Libro Segundo del Código Penal.


g) Delitos de prostitución de menores y pornografía infantil, previstos en los arts. 125, 125 bis, 127 bis y 128 del Código Penal.


h) Delitos de financiación del terrorismo (art. 213 quáter del Código Penal).


i) Extorsión (art. 168 del Código Penal).


j) Delitos previstos en la Ley 24.769.


k) Trata de personas.


2. El delito de financiación del terrorismo (art. 213 quáter del Código Penal).


(1) Artículo sustituido por Ley 26.683, art. 8 (B.O.: 21/6/11). El texto anterior decía:


“Artículo 6 (1) – Funciones*. La Unidad de Información Financiera será la encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir:


1. El delito de lavado de activos (art. 278, inc. 1, del Código Penal), proveniente de la comisión de:


a) Delitos relacionados con el tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes (Ley 23.737).


b) Delitos de contrabando de armas (Ley 22.415).


c) Delitos relacionados con las actividades de una asociación ilícita calificada en los términos del art. 210 bis del Código Penal o de una asociación ilícita terrorista en los términos del art. 213 ter del Código Penal.


d) Delitos cometidos por asociaciones ilícitas (art. 210 del Código Penal) organizadas para cometer delitos por fines políticos o raciales.


e) Delitos de fraude contra la Administración Pública (art. 174, inc. 5, del Código Penal).


f) Delitos contra la Administración Pública previstos en los Caps. VI, VII, IX y IX bis del Tít. XI del Libro Segundo del Código Penal.


g) Delitos de prostitución de menores y pornografía infantil, previstos en los arts. 125, 125 bis, 127 bis y 128 del Código Penal.


h) Delitos de financiación del terrorismo (art. 213 quáter del Código Penal).


2. El delito de financiación del terrorismo (art. 213 quáter del Código Penal).


(1) Artículo sustituido por Ley 26.268, art. 4 (B.O.: 5/7/07). El texto anterior decía:


‘Artículo 6 – Funciones*. La Unidad de Información Financiera será la encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos provenientes de:


a) Delitos relacionados con el tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes (Ley 23.737).


b) Delitos de contrabando de armas (Ley 22.415).


c) Delitos relacionados con las actividades de una asociación ilícita calificada en los términos del art. 210 bis del Código Penal.


d) Hechos ilícitos cometidos por asociaciones ilícitas (art. 210 del Código Penal) organizadas para cometer delitos por fines políticos o raciales.


e) Delitos de fraude contra la Administración pública (art. 174, inc. 5, del Código Penal).


f) Delitos contra la Administración pública previstos en los Caps. VI, VII, IX y IX bis del Tít. XI del Libro Segundo del Código Penal.


g) Delitos de prostitución de menores y pornografía infantil, previstos en los arts. 125, 125 bis, 127 bis y 128 del Código Penal’”.


Art. 7 – Domicilio*. La Unidad de Información Financiera tendrá su domicilio en la capital de la República y podrá establecer agencias regionales en el resto del país.


Art. 8 (1) – Autoridades*. La Unidad de Información Financiera estará integrada por un presidente, un vicepresidente y un Consejo Asesor de siete vocales conformado por:


a) Un funcionario representante del Banco Central de la República Argentina.


b) Un funcionario representante de la Administración Federal de Ingresos Públicos.


c) Un funcionario representante de la Comisión Nacional de Valores.


d) Un experto en temas relacionados con el lavado de activos representante de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación.


e) Un funcionario representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.


f) Un funcionario representante del Ministerio de Economía y Producción.


g) Un funcionario representante del Ministerio del Interior.


Los integrantes del Consejo Asesor serán designados por el Poder Ejecutivo nacional a propuesta de los titulares de cada uno de los organismos que representan.


Será presidido por el señor presidente de la Unidad de Información Financiera, quien tendrá voz pero no voto en la adopción de sus decisiones.


El Consejo Asesor sesionará con la presencia de al menos cinco de sus integrantes y decidirá por mayoría simple de sus miembros presentes.


El presidente de la Unidad de Información Financiera dictará el reglamento interno del Consejo Asesor.


(1) Artículo sustituido por Ley. 26.119, art. 1 (B.O.: 27/7/06). El texto anterior decía:


“Artículo 8 (1) – Autoridades*. La Unidad de Información Financiera estará integrada por cinco miembros, de acuerdo con las siguientes pautas:


a) Un funcionario del Banco Central de la República Argentina.


b) Un funcionario de la Comisión Nacional de Valores.


c) Un experto en temas relacionados con el lavado de activos de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación.


d) Dos expertos financieros, penalistas, criminólogos u otros profesionales con incumbencias relativas al objeto de esta ley.


Los miembros mencionados en los incs. a), b) y c) precedentes serán seleccionados mediante concurso interno del organismo respectivo, cuyo resultado deberá ser elevado al Poder Ejecutivo nacional, como propuesta vinculante, a los fines de la correspondiente designación.


Los expertos mencionados en el inc. d) serán seleccionados, mediante concurso público de oposición y antecedentes por una comisión ‘ad hoc’, que será integrada de la siguiente manera:


1. Dos miembros del Consejo de la Magistratura elegidos por sus pares, con una mayoría de dos tercios.


2. Dos funcionarios del Ministerio Público elegidos por el procurador general de la Nación.


3. Un miembro del Directorio del Banco Central de la República Argentina elegido por sus pares, con una mayoría de dos tercios.


4. Un miembro designado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.


5. Un miembro designado por la Comisión Nacional de Valores.


6. Un miembro designado por el Ministerio de Economía.


Realizado el concurso público de antecedentes y oposición, el resultado del mismo deberá ser elevado al Poder Ejecutivo nacional, como propuesta vinculante, a los fines de la correspondiente designación.


(1) Artículo sustituido por Dto. 1.500/01, art. 1 (B.O.: 26/11/01). El texto anterior decía:


‘Artículo 8 – La Unidad de Información Financiera estará integrada por once miembros, de acuerdo con las siguientes pautas:


a) Un funcionario del Banco Central de la República Argentina.


b) Un funcionario de la Administración Federal de Ingresos Públicos.


c) Un funcionario de la Comisión Nacional de Valores.


d) Un experto en temas relacionados con el lavado de activos, de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha Contra el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación.


e) Un funcionario por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.


f) Un funcionario por el Ministerio de Economía de la Nación.


g) Cinco expertos financieros, penalistas, criminólogos u otros profesionales con incumbencias relativas al objeto de esta ley.


Los funcionarios mencionados en los incs. a), b), c), d), e) y f) serán seleccionados por concurso interno del organismo respectivo, cuyo resultado deberá ser elevado al Poder Ejecutivo nacional, como propuesta vinculante, a los fines de la correspondiente designación.


Los expertos mencionados en el inc. g) serán seleccionados mediante concurso público de oposición y antecedentes por una comisión ‘ad hoc’, que será integrada de la siguiente manera:


1. Dos miembros del Consejo de la Magistratura, elegidos por sus pares, con una mayoría de dos tercios.


2. Dos funcionarios del Ministerio Público, elegidos por el procurador general de la Nación.


3. Un miembro del Directorio del Banco Central, elegido por sus pares, con una mayoría de dos tercios.


4. Un miembro designado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.


5. Un miembro designado por la Comisión Nacional de Valores.


6. Un miembro designado por el Ministerio de Economía.


Realizado el concurso público de antecedentes y oposición, el resultado del mismo deberá ser elevado al Poder Ejecutivo nacional, como propuesta vinculante, a los fines de la correspondiente designación’”.


Art. 9 (1) – Selección de presidente y vicepresidente*. El presidente y el vicepresidente de la Unidad de Información Financiera (U.I.F.) serán designados por el Poder Ejecutivo nacional a propuesta del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas (2). El procedimiento de selección se establece de la siguiente manera:


a) Se realizará en el ámbito del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación (3) un procedimiento público, abierto y transparente que garantice la idoneidad de los candidatos.


b) Se publicará el nombre, apellido y los antecedentes curriculares de las personas seleccionadas en el Boletín Oficial y en dos diarios de circulación nacional, durante tres días.


c) Los candidatos deberán presentar una declaración jurada con la nómina de todos los bienes propios, los del cónyuge y/o los del conviviente, los que integren el patrimonio de la sociedad conyugal y los de sus hijos menores, de acuerdo con el art. 6 de la Ley de Etica de la Función Pública 25.188 y concordantes.


Además, deberán adjuntar otra declaración en la que incluirán la nómina de las asociaciones civiles y sociedades comerciales que integren o hayan integrado en los últimos ocho años la nómina de clientes o contratistas de por lo menos los últimos ocho años, en el marco de lo permitido por las normas de ética profesional vigente, los estudios de abogados, contables o de asesoramiento a los que pertenecieron o pertenecen, según corresponda y, en general, cualquier tipo de compromiso que pueda afectar la imparcialidad de su criterio por actividades propias, de su cónyuge, de sus ascendientes y de sus descendientes en primer grado, ello, con la finalidad de permitir la evaluación objetiva de la existencia de incompatibilidades o conflictos de intereses.


d) Se requerirá a la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.) un informe relativo al cumplimiento de las obligaciones impositivas de los seleccionados.


e) Se celebrará una audiencia pública a los efectos de evaluar las observaciones previstas de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.


f) Los ciudadanos, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales y las entidades académicas podrán, en el plazo de quince días contados desde la última publicación en el Boletín Oficial del inc. b) del presente artículo, presentar al MInisterio de Hacienda y Finanzas Públicas (4), por escrito y de modo fundado y documentado, observaciones respecto de los candidatos. Sin perjuicio de las presentaciones que se realicen, en el mismo lapso podrá requerirse opinión a organizaciones de relevancia en el ámbito profesional, judicial y académico a los fines de su valoración.


g) En no más de quince días, contados desde el vencimiento del plazo establecido, se deberá celebrar la audiencia pública para la evaluación de las observaciones presentadas. Con posterioridad y en un plazo de siete días, el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas (5) elevará la propuesta a consideración del Poder Ejecutivo.


(1) Artículo sustituido por Ley 26.683, art. 9 (B.O.: 21/6/11). El texto anterior decía:


“Artículo 9 (1) – Selección de presidente y vicepresidente*. El presidente y vicepresidente de la U.I.F. serán designados por el Poder Ejecutivo nacional a propuesta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.


El procedimiento de selección del presidente y vicepresidente se establece de la siguiente manera:


a) Se publicará en el Boletín Oficial y en –por lo menos– dos diarios de circulación nacional, durante tres días, el nombre y apellido y los antecedentes curriculares de la o las personas que se encuentren en consideración para la cobertura del cargo.


Simultáneamente se difundirá en la página oficial de la red informática del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.


b) Las personas incluidas en la publicación a que se refiere el inciso anterior deberán presentar una declaración jurada con la nómina de todos los bienes propios, los de su cónyuge y/o los del conviviente, los que integren el patrimonio de la sociedad conyugal y los de sus hijos menores, en los términos y condiciones que establece el art. 6 de la Ley de Etica de la Función Pública 25.188 y su reglamentación. Deberán adjuntar otra declaración en la que incluirán la nómina de las asociaciones civiles y sociedades comerciales que integren o hayan integrado en los últimos ocho años, la nómina de clientes o contratistas de –por lo menos– los últimos ocho años, en el marco de lo permitido por las normas de ética profesional vigentes, los estudios de abogados o contables a los que pertenecieron o pertenecen, según corresponda y, en general, cualquier tipo de compromiso que pueda afectar la imparcialidad de su criterio por actividades propias, de su cónyuge, de sus ascendientes y de sus descendientes en primer grado, ello con la finalidad de permitir la evaluación objetiva de la existencia de incompatibilidades o conflictos de intereses.


c) Los ciudadanos en general, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos podrán, en el plazo de quince días a contar desde la última publicación en el Boletín Oficial, presentar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por escrito y de modo fundado y documentado, las posturas, observaciones y circunstancias que consideren de interés expresar respecto de los incluidos en el proceso de preselección, con declaración jurada de su propia objetividad respecto de los propuestos. No serán consideradas aquellas observaciones irrelevantes o que se funden en cualquier tipo de discriminación.


Sin perjuicio de las presentaciones que se realicen, en el mismo lapso podrá requerirse opinión a organizaciones de relevancia en el ámbito profesional, judicial, académico, social, político y de derechos humanos a los fines de su valoración.


d) Se requerirá a la Administración Federal de Ingresos Públicos, preservando el secreto fiscal, informe relativo al cumplimiento de las obligaciones impositivas de las eventuales propuestas.


e) En un plazo no superior a quince días, a contar desde el vencimiento del establecido para la presentación de las posturas u observaciones, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, por razones debidamente fundadas, dispondrá o no de la propuesta respectiva. En caso de decisión positiva elevará la misma a consideración del Poder Ejecutivo nacional.


(1) Artículo sustituido por Ley 26.119, art. 1 (B.O.: 27/7/06). El texto anterior decía:


‘Artículo 9 – Selección de expertos*. La selección de los referidos expertos se ajustará a lo siguiente:


a) Los postulantes serán seleccionados mediante concurso público de oposición y antecedentes. La comisión ‘ad hoc’ convocará a concurso, publicándose las fechas de exámenes y condiciones generales de los mismos por cinco días en el Boletín Oficial, dos diarios de alcance nacional y un diario de cada provincia.


b) Previamente se determinarán los criterios y mecanismos de evaluación, y los antecedentes que serán computables.


c) (1) Los nombres de aquellos que aprueben los exámenes que evaluarán tanto la formación teórica como práctica serán publicados durante cinco días en el Boletín Oficial y en dos diarios de alcance nacional, quedando por el término de quince días corridos, luego de la última publicación, sujetos a las impugnaciones que pudieran realizarles cualquier ciudadano, grupo de ciudadanos, entidades intermedias o persona jurídica.


La comisión ‘ad hoc’ deberá prever en su reglamento de concursos las normas que regulen las impugnaciones.


(1) Inciso sustituido por Dto. 1.500/01, art. 2 (B.O.: 26/11/01). El texto anterior decía:


‘c) Los nombres de aquellos que aprueben los exámenes, que evaluarán tanto la formación teórica como práctica, serán publicados por cinco días en los mismos medios especificados en el inc. a), quedando por el término de sesenta días corridos luego de la última publicación sujetos a las impugnaciones que pudiera realizarle cualquier ciudadano, grupo de ciudadanos, entidades intermedias o persona jurídica.


La comisión ‘ad hoc’ deberá prever en su reglamento de concursos las normas que regulen las impugnaciones’”.


(2) Expresión sustituida por Ley 27.260, art. 92, inc. b) (B.O.: 22/7/16). Vigencia: 23/7/16. La expresión anterior decía: “... Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”.


(3) Expresión sustituida por Ley 27.260, art. 92, inc. c) (B.O.: 22/7/16). Vigencia: 23/7/16. La expresión anterior decía: “... Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ...”.


(4) Expresión sustituida por Ley 27.260, art. 92, inc. d) (B.O.: 22/7/16). Vigencia: 23/7/16. La expresión anterior decía: “... Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ...”.


(5) Expresión sustituida por Ley 27.260, art. 92, inc. e) (B.O.: 22/7/16). Vigencia: 23/7/16. La expresión anterior decía: “... Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ...”.


Art. 9 bis (1) – Remoción de presidente y vicepresidente*. El Poder Ejecutivo podrá remover al presidente y vicepresidente de la Unidad de Información Financiera (U.I.F.) de su cargo cuando incurrieren en mal desempeño de sus funciones o en grave negligencia, cuando resultaren condenados por la comisión de delitos dolosos o por inhabilidad física o moral posterior a su designación.


(1) Artículo incorporado por Ley 26.683, art. 10 (B.O.: 21/6/11).


Art. 10 (1) – Dedicación exclusiva*. El presidente, vicepresidente y vocales del Consejo Asesor tendrán dedicación exclusiva en sus tareas, encontrándose alcanzados por las incompatibilidades y obligaciones fijadas por ley para los funcionarios públicos, no pudiendo ejercer durante los dos años posteriores a su desvinculación de la U.I.F. las actividades que la reglamentación establezca en cada caso.


El presidente, vicepresidente y vocales del Consejo Asesor durarán cuatro años en sus cargos, pudiendo ser renovadas sus designaciones en forma indefinida, percibiendo los dos primeros una remuneración equivalente a la de secretario. Los vocales del Consejo Asesor percibirán una remuneración equivalente a la de subsecretario.


El presidente, en caso de impedimento o ausencia transitorios, será reemplazado por el vicepresidente.


(1) Artículo sustituido por Ley 26.119, art. 1 (B.O.: 27/7/06). El texto anterior decía:


“Artículo 10 (1) – Dedicación exclusiva*. Los miembros de la Unidad de Información Financiera tendrán dedicación exclusiva en sus tareas, alcanzándoles las incompatibilidades y/u obligaciones fijadas por ley para los funcionarios públicos, no pudiendo ejercer, durante los dos años posteriores a su desvinculación de la Unidad de Información Financiera, las actividades que la reglamentación precise en cada caso ni tampoco tener interés en ellas.


Los miembros de la Unidad de Información Financiera durarán cuatro años en sus cargos, lapso que podrá ser renovado en forma indefinida.


Podrán ser removidos de sus cargos cuando incurrieren en mal desempeño de sus funciones, grave negligencia, por la comisión de delitos dolosos de cualquier especie o por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación. El procedimiento de remoción estará a cargo del Tribunal de Enjuiciamiento creado por la presente ley. Dicho Tribunal estará integrado por tres miembros, ex magistrados, destinados por sorteo por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La intervención como integrante del Tribunal constituirá una carga pública.


El procedimiento ante el Tribunal se realizará conforme a la reglamentación que deberá respetar el debido proceso legal adjetivo y la defensa en juicio.


(1) Artículo sustituido por Dto. 1.500/01, art. 3 (B.O.: 26/11/01). El texto anterior decía:


‘Artículo 10 – Los miembros de la Unidad de Información Financiera tendrán dedicación exclusiva en sus tareas, alcanzándoles las incompatibilidades y/u obligaciones fijadas por ley para los funcionarios públicos, no pudiendo ejercer durante los dos años posteriores a su desvinculación de la Unidad de Información Financiera las actividades que la reglamentación precise en cada caso, ni tampoco tener interés en ellas.


Durarán cuatro años en su cargo, el que podrá ser renovado en forma indefinida (1) ‘y percibirán una remuneración equivalente a la de un juez de Primera Instancia’.


Podrán ser removidos de sus cargos cuando incurrieren en mal desempeño de sus funciones, grave negligencia, por la comisión de delitos dolosos de cualquier especie o por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación. El procedimiento de remoción estará a cargo del Tribunal de Enjuiciamiento creado por la presente ley.


Dicho Tribunal estará integrado por tres miembros, ex magistrados (1) ‘de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional’, designados mediante sorteo por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La intervención como integrante del Tribunal constituirá una carga pública.


El procedimiento ante el Tribunal se realizará conforme a la reglamentación que deberá respetar el debido proceso legal adjetivo y la defensa en juicio.


(1) Frases observadas por Dto. 370/00’”.


Art. 11 (1) – Requisitos*. Para ser integrante de la Unidad de Información Financiera (U.I.F.) se requerirá:


1. Poseer título universitario de grado, preferentemente en derecho, o en disciplinas relacionadas con las Ciencias Económicas o con las Ciencias Informáticas.


2. Poseer antecedentes técnicos y profesionales en la materia.


3. No ejercer en forma simultánea, ni haber ejercido durante el año precedente a su designación, las actividades que la reglamentación precise en cada caso, ni tampoco tener interés en ellas.


Para ser integrante del Consejo Asesor se requerirán tres años de antigüedad en el organismo que se represente.


(1) Artículo sustituido por Ley 26.683, art. 11 (B.O.: 21/6/11). El texto anterior decía:


“Artículo 11 – Requisitos*. Para ser integrante de la Unidad de Información Financiera se requerirá:


1. Poseer título universitario de grado, preferentemente en Derecho, o en disciplinas relacionadas con las Ciencias Económicas o con las Ciencias Informáticas.


2. Poseer antecedentes técnicos y profesionales en la materia.


3. No ejercer en forma simultánea, ni haber ejercido durante el año precedente a su designación, las actividades que la reglamentación precise en cada caso, ni tampoco tener interés en ellas”.


Art. 12 (1) – Oficiales de enlace*. La Unidad de Información Financiera (U.I.F.) contará con el apoyo de oficiales de enlace designados por los titulares del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación, del Banco Central de la República Argentina, de la Administración Federal de Ingresos Públicos, de los Registros Públicos de Comercio o similares de las provincias, de la Comisión Nacional de Valores y de la Superintendencia de Seguros de la Nación, de la Inspección General de Justicia, del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, de los Registros de la Propiedad Inmueble, de la Dirección Nacional del Registro Nacional de la Propiedad Automotor o similares en las provincias, del Ministerio de Seguridad de la Nación y de las Fuerzas de Seguridad nacionales.


Los oficiales de enlace tendrán como función la consulta y coordinación institucional entre la Unidad de Información Financiera (U.I.F.) y los organismos a los que pertenecen. Deberán ser funcionarios jerarquizados o directores de los organismos que representan.


El presidente de la Unidad de Información Financiera (U.I.F.) puede solicitar a los titulares de otros organismos públicos o privados la designación de oficiales de enlace cuando lo crea de utilidad para el ejercicio de sus funciones.


(1) Artículo sustituido por Ley 26.683, art. 12 (B.O.: 21/6/11). El texto anterior decía:


“Artículo 12 (1) – Oficiales de enlace*. La Unidad de Información Financiera contará con el apoyo de oficiales de enlace designados por los titulares del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Economía y Producción, de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico, de la Presidencia de la Nación, del Banco Central de la República Argentina, de la Administración Federal de Ingresos Públicos, de los Registros Públicos de Comercio o similares de las provincias, de la Comisión Nacional de Valores y de la Superintendencia de Seguros de la Nación.


El presidente de la U.I.F. podrá solicitar a otros titulares de organismos de la Administración Pública nacional o provincial la designación de oficiales de enlace cuando lo crea conveniente.


La función de estos oficiales de enlace será la consulta y coordinación de actividades de la U.I.F. con la de los organismos de origen a los que pertenecen.


(1) Artículo sustituido por Ley 26.119, art. 1 (B.O.: 27/7/06). El texto anterior decía:


‘Artículo 12 – Oficiales de enlace*. La Unidad de Información Financiera contará con el apoyo de oficiales de enlace designados por los titulares del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha Contra el Narcotráfico, el Banco Central de la República Argentina, la Administración Federal de Ingresos Públicos, (1) ‘la Inspección General de Justicia’, los Registros Públicos de Comercio o entes análogos de las provincias, la Comisión Nacional de Valores y la Superintendencia de Seguros de la Nación.


La Unidad de Información Financiera podrá solicitar a otros titulares de organismos de la Administración pública nacional o provincial la designación de oficiales de enlace cuando lo crea conveniente.


La función de estos oficiales de enlace será la consulta y coordinación de actividades de la Unidad de Información Financiera con las de los organismos de origen a los que pertenecen.


(1) Frase observada por Dto. 370/00’”.


Art. 13 – Competencia de la unidad de información financiera*. Es competencia de la Unidad de Información Financiera:


1. (2) Recibir, solicitar y archivar las informaciones a que se refiere el art. 21 de la presente ley, dichos datos sólo podrán ser utilizados en el marco de una investigación en curso.


2. (1) Disponer y dirigir el análisis de los actos, actividades y operaciones que según lo dispuesto en esta ley puedan configurar actividades de lavado de activos o de financiación del terrorismo según lo previsto en el art. 6 de la presente ley y, en su caso, poner los elementos de convicción obtenidos a disposición del Ministerio Público, para el ejercicio de las acciones pertinentes.


3 (3). Colaborar con los órganos judiciales y del Ministerio Público Fiscal en la persecución penal de los delitos reprimidos por esta ley, de acuerdo con las pautas que se establezcan reglamentariamente.


4. Inciso derogado por Ley 27.446, art. 10 (B.O.: 18/6/18). A partir del 26/6/18. Anteriormente, este artículo había sido derogado por Dto. 27/18, art. 161 (B.O.: 11/1/18), vigencia: a partir del 12/1/18, el cual fue derogado por la mencionada Ley 27.446, art. 14. Su texto decía: “Dictar su reglamento interno, para lo cual se requerirá el voto de las dos terceras partes del total de sus miembros”.


(1) Inciso sustituido por Ley 26.268, art. 5 (B.O.: 5/7/07). El texto anterior decía:


“2. Disponer y dirigir el análisis de los actos, actividades y operaciones que según lo dispuesto en esta ley puedan configurar legitimación de activos provenientes de los ilícitos previstos en el art. 6 de la presente ley y, en su caso, poner los elementos de convicción obtenidos a disposición del Ministerio Público para el ejercicio de las acciones pertinentes”.


(2) Inciso sustituido por Ley 26.683, art. 13 (B.O.: 21/6/11). El texto anterior decía:


“1. Recibir, solicitar y archivar las informaciones a que se refiere el art. 21 de la presente ley”.


(3) Inciso sustituido por Ley 27.446, art. 9 (B.O.: 18/6/18). A partir del 26/6/18. Anteriormente, este artículo había sido sustituido por Dto. 27/18, art. 160 (B.O.: 11/1/18), vigencia: a partir del 12/1/18, el cual fue derogado por la mencionada Ley 27.446, art. 14. El texto anterior decía:


“3. Colaborar con los órganos judiciales y del Ministerio Público (para el ejercicio de las acciones pertinentes) en la persecución penal de los delitos reprimidos por esta ley”.


Art. 14 (1) – Facultades*. La Unidad de Información Financiera (U.I.F.) estará facultada para:


1. Solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime útil para el cumplimiento de sus funciones, a cualquier organismo público, nacional, provincial o municipal, y a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, todos los cuales estarán obligados a proporcionarlos dentro del término que se les fije, bajo apercibimiento de ley.


En el marco del análisis de un reporte de operación sospechosa los sujetos contemplados en el art. 20 no podrán oponer a la Unidad de Información Financiera (U.I.F.) el secreto bancario, fiscal, bursátil o profesional, ni los compromisos legales o contractuales de confidencialidad.


2. Recibir declaraciones voluntarias que en ningún caso podrán ser anónimas.


3. Requerir la colaboración de todos los servicios de información del Estado, los que están obligados a prestarla en los términos de la normativa procesal vigente.


4. Actuar en cualquier lugar de la República en cumplimiento de las funciones establecidas por esta ley.


5. Solicitar al Ministerio Público para que éste requiera al juez competente se resuelva la suspensión, por el plazo que éste determine, de la ejecución de cualquier operación o acto informado previamente conforme al inc. b) del art. 21 o cualquier otro acto vinculado a éstos, antes de su realización, cuando se investiguen actividades sospechosas y existan indicios serios y graves de que se trata de lavado de activos provenientes de alguno de los delitos previstos en el art. 6 de la presente ley o de financiación del terrorismo. La apelación de esta medida sólo podrá ser concedida con efecto devolutivo.


6. Solicitar al Ministerio Público para que éste requiera al juez competente el allanamiento de lugares públicos o privados, la requisa personal y el secuestro de documentación o elementos útiles para la investigación. Solicitar al Ministerio Público que arbitre todos los medios legales necesarios para la obtención de información de cualquier fuente u origen.


7. Disponer la implementación de sistemas de contralor interno para las personas a que se refiere el art. 20. A efectos de implementar el sistema de contralor interno la Unidad de Información Financiera (U.I.F.) establecerá los procedimientos de supervisión, fiscalización e inspección ‘in situ’ para el control del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el art. 21 de la ley y de las directivas e instrucciones dictadas conforme las facultades del art. 14, inc. 10.


El sistema de contralor interno dependerá directamente del presidente de la Unidad de Información Financiera (U.I.F.), quien dispondrá la sustanciación del procedimiento, el que deberá ser en forma actuada.


En el caso de sujetos obligados que cuenten con órganos de contralor específicos, éstos últimos deberán proporcionar a la Unidad de Información Financiera (U.I.F.) la colaboración en el marco de su competencia.


8. Aplicar las sanciones previstas en el Cap. IV de la presente ley, debiendo garantizarse el debido proceso.


9. Organizar y administrar archivos y antecedentes relativos a la actividad de la propia Unidad de Información Financiera (U.I.F.) o datos obtenidos en el ejercicio de sus funciones para recuperación de información relativa a su misión, pudiendo celebrar acuerdos y contratos con organismos nacionales, internacionales y extranjeros para integrarse en redes informativas de tal carácter, a condición de necesaria y efectiva reciprocidad.


10. Emitir directivas e instrucciones que deberán cumplir e implementar los sujetos obligados por esta ley, previa consulta con los organismos específicos de control. Los sujetos obligados en los incs. 6 y 15 del art. 20 podrán dictar normas de procedimiento complementarias a las directivas e instrucciones emitidas por la Unidad de Información Financiera (U.I.F.), no pudiendo ampliar ni modificar los alcances definidos por dichas directivas e instrucciones.


(1) Artículo sustituido por Ley 26.683, art. 14 (B.O.: 21/6/11). El texto anterior decía:


“Artículo 14 – Facultades*. La Unidad de Información Financiera estará facultada para:


1. Solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime útil para el cumplimiento de sus funciones, a cualquier organismo público, nacional, provincial o municipal, y a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, todos los cuales estarán obligados a proporcionarlos dentro del término que se les fije, bajo apercibimiendo de ley.


(1) En el marco de análisis de un reporte de operación sospechosa los sujetos contemplados en el art. 20 no podrán oponer a la Unidad de Información Financiera los secretos bancarios, bursátil o profesional, ni los compromisos legales o contractuales de confidencialidad.


1) La A.F.I.P. sólo podrá revelar el secreto fiscal en aquellos casos en que el reporte de la operación sospechosa hubiera sido realizado por dicho organismo y con relación a la persona o personas físicas o jurídicas involucradas directamente en la operación reportada. En los restantes casos la Unidad de Información Financiera requerirá el levantamiento del secreto fiscal al juez federal competente en materia penal del lugar donde deba ser suministrada la información o del domicilio de la Unidad de Información Financiera, el que deberá expedirse en un plazo máximo de treinta días.


2. Recibir declaraciones voluntarias.


3. Requerir la colaboración de todos los servicios de información del Estado, los que están obligados a prestarla en los términos de los arts. 398 y 399 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.


4. Actuar en cualquier lugar de la República en cumplimiento de las funciones establecidas por esta ley.


5. (2) Solicitar al Ministerio Público para que éste requiera al juez competente se resuelva la suspensión, por el plazo que éste determine, de la ejecución de cualquier operación o acto informado previamente conforme al inc. b) del art. 21, o cualquier otro acto vinculado a éstos, antes de su realización, cuando se investiguen actividades sospechosas y existan indicios serios y graves de que se trata de lavado de activos provenientes de alguno de los delitos previstos en el art. 6 de la presente ley o de financiación del terrorismo. La apelación de esta medida sólo podrá ser concedida con efecto devolutivo.


6. Solicitar al Ministerio Público para que éste requiera al juez competente el allanamiento de lugares públicos o privados, la requisa personal y el secuestro de documentación o elementos útiles para la investigación. Solicitar al Ministerio Público que arbitre todos los medios legales necesarios para la obtención de información de cualquier fuente u origen.


7. Disponer la implementación de sistemas de contralor interno para las personas a que se refiere el art. 20, en los casos y modalidades que la reglamentación determine.


8. Aplicar las sanciones previstas en el Cap. IV de la presente ley, debiendo garantizarse el debido proceso.


9. Organizar y administrar archivos y antecedentes relativos a la actividad de la propia Unidad de Información Financiera, o datos obtenidos en el ejercicio de sus funciones para recuperación de información relativa a su misión, pudiendo celebrar acuerdos y contratos con organismos nacionales, internacionales y extranjeros para integrarse en redes informativas de tal carácter, a condición de necesaria y efectiva reciprocidad.


10. Emitir directivas e instrucciones que deberán cumplir e implementar los sujetos obligados por esta ley, previa consulta con los organismos específicos de control.


(1) Ultimo párrafo del inciso sustituido por Ley 26.087, art. 1 (B.O.: 24/4/06). El texto anterior decía:


‘En los casos en que a la Unidad de Información Financiera le sean opuestas disposiciones que establezcan el secreto de las informaciones solicitadas, podrá requerir en cada caso autorización al juez competente del lugar donde deba ser suministrada la información o del domicilio de la Unidad de Información Financiera, a opción de la misma’.


(2) Inciso sustituido por Ley 26.268, art. 6 (B.O.: 5/7/07). El texto anterior decía:


‘5. Solicitar al Ministerio Público para que éste requiera al juez competente se resuelva la suspensión, por el plazo que éste determine, de la ejecución de cualquier operación o acto informado previamente conforme al inc. b) del art. 21 o cualquier otro acto vinculado con éstos, antes de su realización, cuando se investiguen actividades sospechosas y existan indicios serios y graves de que se trata de lavado de activos provenientes de alguno de los delitos previstos en el art. 6 de la presente ley. La apelación de esta medida sólo podrá ser concedida con efecto devolutivo’”.


Art. 15 – Obligaciones*. La Unidad de Información Financiera estará sujeta las a siguientes obligaciones:


1. Presentar una rendición anual de su gestión al Honorable Congreso de la Nación.


2. Comparecer ante las comisiones del Honorable Congreso de la Nación todas las veces que éstas lo requieran y emitir los informes, dictámenes y asesoramiento que éstas le soliciten.


3. Conformar el Registro Unico de Información con las bases de datos de los organismos obligados a suministrarlas y con la información que por su actividad reciba.


Art. 16 (1) – Decisiones. Consulta obligatoria*. Las decisiones de la U.I.F. serán adoptadas por el presidente, previa consulta obligatoria al Consejo Asesor, cuya opinión no es vinculante.


(1) Artículo sustituido por Ley 26.119, art. 1 (B.O.: 27/7/06). El texto anterior decía:


“Artículo 16 (1) – Plenario*. El Plenario de la Unidad de Información Financiera formará quórum con tres de sus miembros y adoptará las decisiones por mayoría absoluta de los miembros presentes.


(1) Artículo sustituido por Dto. 1.500/01, art. 4 (B.O.: 26/11/01). El texto anterior decía:


‘Artículo 16 – La Unidad de Infomación Financiera se reunirá en sesiones plenarias al menos cuatro veces al mes, en la forma en que establezca el reglamento interno. El quórum para sesionar será de seis miembros y adoptará las decisiones por mayoría absoluta de los miembros presentes, salvo que esta ley exija mayoría especial’”.


Art. 17 – Reserva de identidad de los sujetos obligados a informar*. La Unidad de Información Financiera recibirá información, manteniendo en secreto la identidad de los obligados a informar. El secreto sobre su identidad cesará cuando se formule denuncia ante el Ministerio Público Fiscal.


Los sujetos de derecho ajenos al sector público y no comprendidos en la obligación de informar contemplada en el art. 20 de esta ley podrán formular denuncias ante la Unidad de Información Financiera.


Art. 18 – Eximición de responsabilidad*. El cumplimiento, de buena fe, de la obligación de informar no generará responsabilidad civil, comercial, laboral, penal, administrativa ni de ninguna otra especie.


Art. 19 (1) – Cuando la Unidad de Información Financiera haya agotado el análisis de la operación reportada y surgieren elementos de convicción suficientes para confirmar su carácter de sospechosa de lavado de activos o de financiación del terrorismo en los términos de la presente ley, ello será comunicado al Ministerio Público Fiscal a fin de establecer si corresponde ejercer la acción penal.


Cuando la operación reportada se encuentre vinculada con hechos bajo investigación en una causa penal, la Unidad de Información Financiera podrá comunicar su sospecha directamente al juez interviniente.


(1) Artículo sustituido por Ley 27.446, art. 11 (B.O.: 18/6/18). Vigencia: a partir del 26/6/18. El texto anterior decía:


“Artículo 19 (1) – Sospecha*. Cuando la Unidad de Información Financiera haya agotado el análisis de la operación reportada y surgieren elementos de convicción suficientes para confirmar su carácter de sospechosa de lavado de activos o de financiación del terrorismo en los términos de la presente ley, ello será comunicado al Ministerio Público Fiscal a fin de establecer si corresponde ejercer la acción penal.


Cuando la operación reportada se encuentre vinculada con hechos bajo investigación en una causa penal, la Unidad de Información Financiera podrá comunicar su sospecha directamente al juez interviniente.


(1) Artículo sustituido por Dto. 27/18, art. 162 (B.O.: 11/1/18). Vigencia: a partir del 12/1/18. El texto anterior decía:


‘Artículo 19 (1) – Sospecha*. Cuando la Unidad de Información Financiera haya agotado el análisis de la operación reportada y surgieren elementos de convicción suficientes para confirmar su carácter de sospechosa de lavado de activos o de financiación del terrorismo en los términos de la presente ley, ello será comunicado al Ministerio Público a fines de establecer si corresponde ejercer la acción penal”.


(1) Artículo sustituido por Ley 26.268, art. 7 (B.O.: 5/7/07). El texto anterior decía:


Artículo 19 (1) – Sospecha*. Cuando la Unidad de Información Financiera haya agotado el análisis de la operación reportada y surgieren elementos de convicción suficientes para confirmar su carácter de sospechosa de lavado de activos en los términos de la presente ley, ello será comunicado al Ministerio Público a fines de establecer si corresponde ejercer la acción penal.


(1) Artículo sustituido por Ley 26.087, art. 2 (B.O.: 24/4/06). El texto anterior decía:


Artículo 19 – Sospecha*. Cuando de las informaciones aportadas o de los análisis realizados por la Unidad de Información Financiera surgieren elementos de convicción suficientes para sospechar que se ha cometido uno de los delitos previstos en la presente ley, será comunicado de inmediato al Ministerio Público para que ejerza la acción penal’”.


CAPITULO III - Deber de informar. Sujetos obligados


Art. 20 (1) – Sujetos obligados*. Están obligados a informar a la Unidad de Información Financiera (U.I.F.), en los términos del art. 21 de la presente ley:


1. Las entidades financieras sujetas al régimen de la Ley 21.526 y modificatorias.


2. Las entidades sujetas al régimen de la Ley 18.924 y modificatorias y las personas físicas o jurídicas autorizadas por el Banco Central de la República Argentina para operar en la compraventa de divisas bajo forma de dinero o de cheques extendidos en divisas o mediante el uso de tarjetas de crédito o pago, o en la transmisión de fondos dentro y fuera del territorio nacional.


3. Las personas físicas o jurídicas que como actividad habitual exploten juegos de azar.


4. (2) Personas humanas y/o jurídicas registradas ante la Comisión Nacional de Valores para actuar como intermediarios en Mercados autorizados por la citada Comisión y aquéllos que actúen en la colocación de Fondos Comunes de Inversión o de otros productos de inversión colectiva autorizados por dicho organismo.


5.(3) Personas jurídicas autorizadas por la Comisión Nacional de Valores para actuar en el marco de sistemas de financiamiento colectivo a través del uso de portales web u otros medios análogos y demás personas jurídicas registradas en el citado organismo a cargo de la apertura del legajo e identificación del perfil del cliente para invertir en el ámbito del Mercado de Capitales.


6. Los registros públicos de comercio, los organismos representativos de fiscalización y control de personas jurídicas, los registros de la propiedad inmueble, los registros de la propiedad automotor, los registros prendarios, los registros de embarcaciones de todo tipo y los registros de aeronaves.


7. Las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compraventa de obras de arte, antigüedades u otros bienes suntuarios, inversión filatélica o numismática, o a la exportación, importación, elaboración o industralización de joyas o bienes con metales o piedras preciosas.


8. Las empresas aseguradoras.


9. Las empresas emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjetas de crédito o de compra.


10. Las empresas dedicadas al transporte de caudales.


11. Las empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales que realicen operaciones de giros de divisas o de traslado de distintos tipos de moneda o billete.


12. Los escribanos públicos.


13. Las entidades comprendidas en el art. 9 de la Ley 22.315.


14. Los despachantes de Aduana definidos en el art. 36 y cs. del Código Aduanero (Ley 22.415 y modificatorias).


15. Los organismos de la Administración Pública y entidades descentralizadas y/o autárquicas que ejercen funciones regulatorias, de control, supervisión y/o superintendencia sobre actividades económicas y/o negocios jurídicos y/o sobre sujetos de derecho, individuales o colectivos: el Banco Central de la República Argentina, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Superintendencia de Seguros de la Nación, la Comisión Nacional de Valores, la Inspección General de Justicia, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia.


16. Los productores, asesores de seguros, agentes, intermediarios, peritos y liquidadores de seguros cuyas actividades estén regidas por las Leyes 20.091 y 22.400, sus modificatorias, cs. y complementarias.


17. Los profesionales matriculados cuyas actividades estén reguladas por los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.


18. Igualmente están obligados al deber de informar todas las personas jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros.


19. Los agentes o corredores inmobiliarios matriculados y las sociedades de cualquier tipo que tengan por objeto el corretaje inmobiliario, integradas y/o administradas exclusivamente por agentes o corredores inmobiliarios matriculados.


20. Las asociaciones mutuales y cooperativas reguladas por las Leyes 20.321 y 20.337, respectivamente.


21. Las personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de automóviles, camiones, motos, ómnibus y micro ómnibus, tractores, maquinaria agrícola y vial, naves, yates y similares, aeronaves y aerodinos.


22. Las personas físicas o jurídicas que actúen como fiduciarios en cualquier tipo de fideicomiso y las personas físicas o jurídicas titulares de o vinculadas, directa o indirectamente, con cuentas de fideicomisos, fiduciantes y fiduciarios en virtud de contratos de fideicomiso.


23. Las personas jurídicas que cumplen funciones de organización y regulación de los deportes profesionales.


(1) Artículo sustituido por Ley 26.683, art. 15 (B.O.: 21/6/11). El texto anterior decía:


“Artículo 20 – Sujetos obligados*. Están obligados a informar a la Unidad de Información Financiera, en los términos del art. 21 de la presente ley:


1. Las entidades financieras sujetas al régimen de la Ley 21.526 y modificatorias; y las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones.


2. Las entidades sujetas al régimen de la Ley 18.924 y modificatorias, y las personas físicas o jurídicas autorizadas por el Banco Central para operar en la compraventa de divisas bajo forma de dinero o de cheques extendidos en divisas o mediante el uso de tarjetas de crédito o pago, o en la transmisión de fondos dentro y fuera del territorio nacional.


3. Las personas físicas o jurídicas que como actividad habitual exploten juegos de azar.


4. Los agentes y sociedades de Bolsa, sociedades, gerente de Fondos Comunes de Inversión, agentes de Mercado abierto electrónico, y todos aquellos intermediarios en la compra, alquiler o préstamo de títulos valores que operen bajo la órbita de Bolsas de Comercio con o sin Mercados adheridos.


5. Los agentes intermediarios inscriptos en los Mercados de futuros y opciones, cualquiera sea su objeto.


6. Los Registros Públicos de Comercio, los organismos representativos de Fiscalización y Control de Personas Jurídicas, los Registros de la Propiedad Inmueble, los Registros Automotor y los Registros Prendarios.


7. Las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compraventa de obras de arte, antigüedades u otros bienes suntuarios, inversión filatélica o numismática, o a la exportación, importación, elaboración o industrialización de joyas o bienes con metales o piedras preciosas.


8. Las empresas aseguradoras.


9. Las empresas emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjetas de crédito o de compra.


10. Las empresas dedicadas al transporte de caudales.


11. Las empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales que realicen operaciones de giros de divisas o de traslado de distintos tipos de moneda o billete.


12. Los escribanos públicos.


13. Las entidades comprendidas en el art. 9 de la Ley 22.315.


14. Las personas físicas o jurídicas inscriptas en los registros establecidos por el art. 23, inc. t), del Código Aduanero (Ley 22.415 y modificatorias).


15. Los organismos de la Administración pública y entidades descentralizadas y/o autárquicas que ejercen funciones regulatorias, de control, supervisión y/o superintendencia sobre actividades económicas y/o negocios jurídicos, y/o sobre sujetos de derecho, individuales o colectivos: el Banco Central de la República Argentina, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Superintendencia de Seguros de la Nación, la Comisión Nacional de Valores y la Inspección General de Justicia.


16. Los productores, asesores de seguros, agentes, intermediarios, peritos y liquidadores de seguros cuyas actividades estén regidas por las Leyes 20.091 y 22.400, sus modificatorias, concordantes y complementarias.


17. Los profesionales matriculados cuyas actividades estén reguladas por los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, excepto cuando actúen en defensa en juicio.


18. Igualmente están obligados al deber de informar todas las personas jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros.


Párrafo suprimido por Ley 26.087, art. 3 (B.O.: 24/4/06). Su texto decía: ‘No serán aplicables, ni podrán ser invocados por los sujetos obligados a informar por la presente ley, las disposiciones legales referentes al secreto bancario, fiscal o profesional, ni los compromisos de confidencialidad establecidos por la ley o por contrato, cuando el requerimiento de información sea formulado por el juez competente del lugar donde la información deba ser suministrada o del domicilio de la Unidad de Información Financiera, a opción de ésta, o por cualquier Tribunal competente con fundamento en esta ley’”.


(2) Inciso sustituido por Ley 27.440, art. 200 (B.O.: 11/5/18). Vigencia: a partir del 19/5/18. El texto anterior decía:


“4. Los agentes y sociedades de Bolsa, sociedades gerente de Fondos Comunes de Inversión, agentes de mercado abierto electrónico, y todos aquellos intermediarios en la compra, alquiler o préstamo de títulos valores que operen bajo la órbita de Bolsas de comercio con o sin mercados adheridos”.


(3) Inciso sustituido por Ley 27.440, art. 200 (B.O.: 11/5/18). Vigencia: a partir del 19/5/18. El texto anterior decía:


“5. Los agentes intermediarios inscriptos en los Mercados de Futuros y Opciones cualquiera sea su objeto”.


Art. 20 bis (1) – Deber de informar. Responsabilidad*. El deber de informar es la obligación legal que tienen los sujetos enumerados en el art. 20, en su ámbito de actuación, de poner a disposición de la Unidad de Información Financiera (U.I.F.) la documentación recabada de sus clientes en cumplimiento de lo establecido en el art. 21, inc. a), y de llevar a conocimiento de la Unidad de Información Financiera (U.I.F.) las conductas o actividades de las personas físicas o jurídicas, a través de las cuales pudiere inferirse la existencia de una situación atípica que fuera susceptible de configurar un hecho u operación sospechosa, de lavado de activos o financiación de terrorismo.


El conocimiento de cualquier hecho u operación sospechosa impondrá a tales sujetos la obligatoriedad del ejercicio de la actividad descripta precedentemente.


La Unidad de Información Financiera (U.I.F.) determinará el procedimiento y la oportunidad a partir de la cual los obligados cumplirán ante ella el deber de informar que establece el art. 20.


En el supuesto de que el sujeto obligado se trate de una persona jurídica regularmente constituida, deberá designarse un oficial de cumplimiento por el órgano de administración, en los supuestos que lo establezca la reglamentación. Su función será formalizar las presentaciones que deban efectuarse en el marco de las obligaciones establecidas por la ley y las directivas e instrucciones emitidas en consecuencia. No obstante ello, la responsabilidad del deber de informar conforme el art. 21 es solidaria e ilimitada para la totalidad de los integrantes del órgano de administración.


En el supuesto de que el sujeto obligado se trate de una sociedad irregular, la obligación de informar recaerá en cualquiera de los socios de la misma.


Para el caso de que el sujeto obligado se trate de un organismo público de los enumerados en los incs. 6 y 15 del art. 20, deberá designarse un oficial de cumplimiento a los efectos de formalizar las presentaciones que deban efectuarse en el marco de las obligaciones establecidas por la ley y las directivas e instrucciones emitidas en consecuencia. No obstante ello, la responsabilidad del deber de informar conforme el art. 21 corresponde exclusivamente al titular del organismo.


(1) Artículo incorporado por Ley 26.683, art. 16 (B.O.: 21/6/11).


Art. 21 – Obligaciones de los sujetos alcanzados*. Las personas señaladas en el artículo precedente quedarán sometidas a las siguientes obligaciones:


a) Recabar de sus clientes, requirentes o aportantes documentos que prueben fehacientemente su identidad, personería jurídica, domicilio y demás datos que en cada caso se estipule, para realizar cualquier tipo de actividad de las que tienen por objeto. Sin embargo, podrá obviarse esta obligación cuando los importes sean inferiores al mínimo que establezca la circular respectiva (1).


Cuando los clientes, requirentes o aportantes actúen en representación de terceros, se deberán tomar los recaudos necesarios a efectos de que se identifique la identidad de la persona por quienes actúen.


Toda información deberá archivarse por el término y según las formas que la Unidad de Información Financiera establezca.


b) Informar cualquier hecho u operación sospechosa independientemente del monto de la misma. A los efectos de la presente ley se consideran operaciones sospechosas aquellas transacciones que de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad que se trate, así como también de la experiencia e idoneidad de las personas obligadas a informar, resulten inusuales, sin justificación económica o jurídica, o de complejidad inusitada o injustificada, sean realizadas en forma aislada o reiterada.


La Unidad de Información Financiera establecerá, a través de pautas objetivas, las modalidades, oportunidades y límites del cumplimiento de esta obligación para cada categoría de obligado y tipo de actividad (1).


c) (2) Abstenerse de revelar al cliente o a terceros las actuaciones que se estén realizando en cumplimiento de la presente ley:


Con la finalidad de prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, los sujetos obligados a los que refieren los incs. 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 20 y 22 del art. 20, sea que integren o no el mismo grupo económico y aun cuando se trate de entidades en el exterior, siempre que medie el consentimiento del titular de los datos previsto en el pto. 1 del art. 5 de la Ley 25.326 y sus normas modificatorias, podrán compartir legajos de sus clientes que contengan información relacionada con la identificación del mismo, el origen y la licitud de los fondos.


(1) Por Res. U.I.F. 2/07, art. 1 (B.O.: 15/6/07), se aprobó la directiva sobre reglamentación de los presentes incisos. Vigencia: a partir del 15/6/07. Aplicación: para operaciones sospechosas reportadas a la fecha.


(2) Inciso sustituido por Ley 27.446, art. 12 (B.O.: 18/6/18). Vigencia: a partir del 26/6/18. El texto anterior decía:


“c) (1) Abstenerse de revelar al cliente o a terceros las actuaciones que se estén realizando en cumplimiento de la presente ley.


Con la finalidad de prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, los sujetos obligados a los que refieren los incs. 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 20 y 22 del art. 20, sea que integren o no el mismo grupo económico y aun cuando se trate de entidades en el exterior, siempre que medie el consentimiento del titular de los datos previsto en el pto. 1 del art. 5 de la Ley 25.326 y sus normas modificatorias, podrán compartir legajos de sus clientes que contengan información relacionada con la identificación del mismo, el origen y la licitud de los fondos.


(1) Inciso sustituido por Dto. 27/18, art. 163 (B.O.: 11/1/18). Vigencia: a partir del 12/1/18. El texto anterior decía:


‘c) Abstenerse de revelar al cliente o a terceros las actuaciones que se estén realizando en cumplimiento de la presente ley’”.


Art. 21 bis (1) – Son considerados clientes, a los fines del inc. a) del art. 21 de la presente ley, todas aquellas personas humanas, jurídicas, patrimonios de afectación, u otras estructuras jurídicas, y quienes actúen por cuenta y orden de éstas; con los cuales se establezca, de manera ocasional o permanente, una relación contractual de carácter financiero, económico o comercial:


1. Respecto de sus clientes, los sujetos obligados deberán cumplimentar las siguientes obligaciones:


a) Identificarlos mediante la información, y en su caso la documentación, que se requiera conforme las normas que dicte la Unidad de Información Financiera y que se pueda obtener de ellos o de fuentes confiables e independientes, que permitan con razonable certeza acreditar la veracidad de su contenido:


La tarea comprende la individualización del cliente, el propósito, carácter o naturaleza del vínculo establecido con el sujeto obligado, el riesgo de lavado de activos y/o financiación del terrorismo asociado a éstos y su operatoria.


En todos los casos, deberán adoptar medidas razonables desde un enfoque basado en riesgo para identificar a los propietarios, beneficiarios finales y aquellos que ejercen el control real de la persona jurídica, patrimonio de afectación o estructura jurídica, junto con su estructura de titularidad y control.


Cuando existan dudas sobre si los clientes actúan por cuenta propia, o exista la certeza de que no actúan por cuenta propia, deberán adoptar medidas adicionales razonables y proporcionadas, mediante un enfoque basado en riesgo, a fin de obtener información sobre la verdadera identidad de la persona por cuenta de la cual actúan los clientes.


A tales fines, deberán prestar especial atención, a efectos de evitar que las personas humanas utilicen estructuras jurídicas, como empresas pantalla o patrimonios de afectación, para realizar sus operaciones.


En razón de ello, deberán realizar esfuerzos razonables para identificar al beneficiario final. Cuando ello no resulte posible, deberán identificar a quienes integran los órganos de administración y control de la persona jurídica; o en su defecto a aquellas personas humanas que posean facultades de administración y/o disposición, o que ejerzan el control de la persona, estructura jurídica o patrimonio de afectación, aun cuando éste fuera indirecto.


Asimismo, deberán adoptar medidas específicas a efectos de disminuir el riesgo del lavado de activos y la financiación del terrorismo, cuando se contrate un servicio y/o producto con clientes que no han estado físicamente presentes para su identificación; debiendo completar las medidas de verificación en tiempo razonablemente práctico, siempre que los riesgos de lavado de activos y/o financiación del terrorismo se administren con eficacia y resulten esenciales a efectos de no interrumpir el curso normal de la actividad.


En todos los casos, deberá determinarse el riesgo del cliente y de la operatoria, implementar medidas idóneas para su mitigación, y establecer reglas de monitoreo y control continuo que resulten proporcionales a éstos; teniendo en consideración un enfoque basado en riesgo.


Cuando se tratare de personas expuestas políticamente, deberán adoptarse medidas de debida diligencia intensificadas tendientes a establecer alertas, que permitan tomar medidas oportunas a efectos de detectar posibles desvíos en el perfil del cliente, a fin de mitigar el riesgo de lavado de activos y/o financiación del terrorismo vinculado al riesgo inherente a éste y/o a su operatoria;


b) determinar el origen y licitud de los fondos.


c) Conservar la información recabada respecto de sus clientes, en forma física o digital, por un plazo mínimo de cinco años; debiendo permitir ésta reconstruir las transacciones realizadas, nacionales o internacionales; y encontrarse a disposición de la Unidad de Información Financiera y/o de las autoridades competentes cuando éstas lo requieran.


d) Reportar “hechos” u “operaciones sospechosas” de lavado de activos, ante la Unidad de Información Financiera, en un plazo máximo de quince días corridos, contados a partir de la fecha en que el sujeto obligado concluya que la operación reviste tal carácter. La fecha de reporte no podrá superar los ciento cincuenta días corridos contados desde la fecha de la operación sospechosa realizada o tentada.


e) Reportar “hechos” u “operaciones sospechosas” de financiación de terrorismo, ante la Unidad de Información Financiera, en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas, a partir de la operación realizada o tentada, habilitándose días y horas inhábiles al efecto.


2. Asimismo, los sujetos obligados deberán:


a. Registrarse ante la Unidad de Información Financiera;


b. Documentar los procedimientos de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, estableciendo manuales internos que reflejen las tareas a desarrollar, asignando las responsabilidades funcionales que correspondan, en atención a la estructura del sujeto obligado, y teniendo en cuenta un enfoque basado en riesgo.


c. Designar oficiales de cumplimiento, que serán responsables ante la Unidad de Información Financiera del cumplimiento de las obligaciones establecidas por la presente norma y por las reglamentaciones que dicte esa unidad. Las personas designadas deberán integrar el órgano de administración de la entidad.


En el caso de que el sujeto obligado fuere una persona humana, será considerado éste con tal carácter.


Las obligaciones establecidas en el presente artículo serán objeto de reglamentación.


(1) Artículo sustituido por Ley 27.446, art. 13 (B.O.: 18/6/18). Vigencia: a partir del 26/6/18. El texto anterior decía:


“Artículo 21 bis (1) – Clientes. Información a requerir*. Son considerados clientes, a los fines del inc. a) del art. 21 de la presente ley, todas aquellas personas humanas, jurídicas, patrimonios de afectación, u otras estructuras jurídicas, y quienes actúen por cuenta y orden de éstas; con los cuales se establezca, de manera ocasional o permanente, una relación contractual de carácter financiero, económico o comercial.


1. Respecto de sus clientes, los sujetos obligados deberán cumplimentar las siguientes obligaciones:


a) Identificarlos mediante la información, y en su caso la documentación, que se requiera conforme las normas que dicte la Unidad de Información Financiera y que se pueda obtener de ellos o de fuentes confiables e independientes, que permitan con razonable certeza acreditar la veracidad de su contenido.


La tarea comprende la individualización del cliente, el propósito, carácter o naturaleza del vínculo establecido con el sujeto obligado, el riesgo de lavado de activos y/o financiación del terrorismo asociado a éstos y su operatoria.


En todos los casos, deberán adoptar medidas razonables desde un enfoque basado en riesgo para identificar a los propietarios, beneficiarios finales y aquéllos que ejercen el control real de la persona jurídica, patrimonio de afectación o estructura jurídica, junto con su estructura de titularidad y control.


Cuando existan dudas sobre si los clientes actúan por cuenta propia, o exista la certeza de que no actúan por cuenta propia, deberán adoptar medidas adicionales razonables y proporcionadas, mediante un enfoque basado en riesgo, a fin de obtener información sobre la verdadera identidad de la persona por cuenta de la cual actúan los clientes.


A tales fines, deberán prestar especial atención, a efectos de evitar que las personas humanas utilicen estructuras jurídicas, como empresas pantalla o patrimonios de afectación, para realizar sus operaciones.


En razón de ello, deberán realizar esfuerzos razonables para identificar al beneficiario final. Cuando ello no resulte posible, deberán identificar a quienes integran los órganos de administración y control de la persona jurídica; o en su defecto a aquellas personas humanas que posean facultades de administración y/o disposición, o que ejerzan el control de la persona, estructura jurídica o patrimonio de afectación, aun cuando éste fuera indirecto.


Asimismo, deberán adoptar medidas específicas a efectos de disminuir el riesgo del lavado de activos y la financiación del terrorismo, cuando se contrate un servicio y/o producto con clientes que no han estado físicamente presentes para su identificación; debiendo completar las medidas de verificación en tiempo razonablemente práctico, siempre que los riesgos de lavado de activos y/o financiación del terrorismo se administren con eficacia y resulten esenciales a efectos de no interrumpir el curso normal de la actividad.


En todos los casos, deberá determinarse el riesgo del cliente y de la operatoria, implementar medidas idóneas para su mitigación, y establecer reglas de monitoreo y control continuo que resulten proporcionales a éstos; teniendo en consideración un enfoque basado en riesgo.


Cuando se tratare de personas expuestas políticamente, deberán adoptarse medidas de debida diligencia intensificadas tendientes a establecer alertas, que permitan tomar medidas oportunas a efectos de detectar posibles desvíos en el perfil del cliente, a fin de mitigar el riesgo de lavado de activos y/o financiación del terrorismo vinculado al riesgo inherente a éste y/o a su operatoria.


b) Determinar el origen y licitud de los fondos.


c) Conservar la información recabada respecto de sus clientes, en forma física o digital, por un plazo mínimo de cinco años; debiendo permitir ésta reconstruir las transacciones realizadas, nacionales o internacionales; y encontrarse a disposición de la Unidad de Información Financiera y/o de las autoridades competentes cuando éstas lo requieran.


d) Reportar ‘hechos’ u ‘operaciones sospechosas’ de lavado de activos, ante la Unidad de Información Financiera, en un plazo máximo de quince días corridos, contados a partir de la fecha en que el sujeto obligado concluya que la operación reviste tal carácter. La fecha de reporte no podrá superar los ciento cincuenta días corridos contados desde la fecha de la operación sospechosa realizada o tentada.


e) Reportar ‘hechos’ u ‘operaciones sospechosas’ de financiación de terrorismo, ante la Unidad de Información Financiera, en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas, a partir de la operación realizada o tentada, habilitándose días y horas inhábiles al efecto.


2. Asimismo, los sujetos obligados deberán:


a. Registrarse ante la Unidad de Información Financiera.


b. Documentar los procedimientos de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, estableciendo manuales internos que reflejen las tareas a desarrollar, asignando las responsabilidades funcionales que correspondan, en atención a la estructura del sujeto obligado, y teniendo en cuenta un enfoque basado en riesgo.


c. Designar oficiales de cumplimiento, que serán responsables ante la Unidad de Información Financiera del cumplimiento de las obligaciones establecidas por la presente norma y por las reglamentaciones que dicte esa unidad. Las personas designadas deberán integrar el órgano de administración de la entidad.


En el caso de que el sujeto obligado fuere una persona humana, será considerado éste con tal carácter.


Las obligaciones establecidas en el presente artículo serán objeto de reglamentación.


(1) Artículo sustituido por Dto. 27/18, art. 164 (B.O.: 11/1/18). Vigencia: a partir del 12/1/18. El texto anterior decía:


‘Artículo 21 bis (1) – Clientes. Información a requerir*. A los fines del inc. a) del art. 21, se toma como definición de cliente la adoptada y sugerida por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos (CICAD-OEA). En consecuencia, se definen como clientes todas aquellas personas físicas o jurídicas con las que se establece, de manera ocasional o permanente, una relación contractual de carácter financiero, económico o comercial. En ese sentido es cliente el que desarrolla una vez, ocasionalmente o de manera habitual, operaciones con los sujetos obligados.


La información mínima a requerir a los clientes abarcará:


a) Personas físicas: nombres y apellidos completos; fecha y lugar de nacimiento; nacionalidad; sexo; estado civil; número y tipo de documento de identidad que deberá exhibir en original (Documento Nacional de Identidad, Libreta de Enrolamiento, Libreta Cívica, cédula de identidad, pasaporte); C.U.I.T./C.U.I.L./C.D.I.; domicilio (calle, número, localidad, provincia y código postal); número de teléfono y profesión, oficio, industria, comercio, etc., que constituya su actividad principal. Igual tratamiento se dará, en caso de existir, al apoderado, tutor, curador, representante o garante. Además se requerirá una declaración jurada sobre origen y licitud de los fondos, o la documentación de respaldo correspondiente, conforme lo fijen las directivas emitidas por la Unidad de Información Financiera (U.I.F.).


b) Personas jurídicas: denominación social; fecha y número de inscripción registral; número de inscripción tributaria; fecha del contrato o escritura de constitución; copia del estatuto social actualizado, sin perjuicio de la exhibición del original; domicilio (calle, número, localidad, provincia y código postal); número de teléfono de la sede social y actividad principal realizada. Asimismo, se solicitarán los datos identificatorios de las autoridades, del representante legal, apoderados y/o autorizados con uso de firma, que operen con el sujeto obligado en nombre y representación de la persona jurídica. Los mismos recaudos antes indicados serán acreditados en los casos de asociaciones, fundaciones y otras organizaciones con o sin personería jurídica. Además se requerirá una declaración jurada sobre origen y licitud de los fondos, o la documentación de respaldo correspondiente, conforme lo fijen las directivas emitidas por la Unidad de Información Financiera (U.I.F.).


c) Cuando existan dudas sobre si los clientes actúan por cuenta propia o cuando exista la certeza de que no actúan por cuenta propia, los sujetos obligados adoptarán medidas adicionales razonables, a fin de obtener información sobre la verdadera identidad de la persona por cuenta de la cual actúan los clientes. Los sujetos obligados deberán prestar especial atención para evitar que las personas físicas utilicen a las personas jurídicas como empresas pantalla para realizar sus operaciones. Los sujetos obligados deberán contar con procedimientos que permitan conocer la estructura de la sociedad, determinar el origen de sus fondos e identificar a los propietarios, beneficiarios y aquellos que ejercen el control real de la persona jurídica. Los sujetos obligados deberán adoptar medidas específicas y adecuadas para disminuir el riesgo del lavado de activos y la financiación del terrorismo, cuando se contrate el servicio o productos con clientes que no han estado físicamente presentes para su identificación. En el caso de tratarse de personas políticamente expuestas, se deberá prestar especial atención a las transacciones realizadas por las mismas, que no guarden relación con la actividad declarada y su perfil como cliente.


d) Los sujetos obligados podrán establecer manuales de procedimiento de prevención de lavado de activos y la financiación de terrorismo y designar oficiales de cumplimiento, en los casos y con los alcances que determinen las directivas emitidas por la Unidad de Información Financiera (U.I.F.).


La información recabada deberá conservarse como mínimo durante cinco años, debiendo registrarse de manera suficiente para que se pueda reconstruir.


El plazo máximo para reportar ‘hechos’ u ‘operaciones sospechosas’ de lavado de activos será de ciento cincuenta días corridos, a partir de la operación realizada o tentada.


El plazo máximo para reportar ‘hechos’ u ‘operaciones sospechosas’ de financiación de terrorismo será de cuarenta y ocho horas, a partir de la operación realizada o tentada, habilitándose días y horas inhábiles al efecto.


(1) Artículo incorporado por Ley 26.683, art. 17 (B.O.: 21/6/11)’”.


Art. 22 – Secreto*. Los funcionarios y empleados de la Unidad de Información Financiera están obligados a guardar secreto de las informaciones recibidas en razón de su cargo, al igual que de las tareas de inteligencia desarrolladas en su consecuencia. El mismo deber de guardar secreto rige para las personas y entidades obligadas por esta ley a suministrar datos a la Unidad de Información Financiera.


El funcionario o empleado de la Unidad de Información Financiera, así como también las personas que por sí o por otro revelen las informaciones secretas fuera del ámbito de la Unidad de Información Financiera, serán reprimidos con prisión de seis meses a tres años.


CAPITULO IV - Régimen penal administrativo


Art. 23 (1) – Aplicación de bienes de origen delictivo*. 1. Será sancionada con multa de cinco a veinte veces del valor de los bienes objeto del delito la persona jurídica cuyo órgano ejecutor hubiera recolectado o provisto bienes o dinero, cualquiera sea su valor, con conocimiento de que serán utilizados por algún miembro de una asociación ilícita terrorista, en el sentido del art. 213 quáter del Código Penal.


Cuando el hecho hubiera sido cometido por temeridad o imprudencia grave del órgano o ejecutor de una persona jurídica o por varios órganos o ejecutores suyos, la multa a la persona jurídica será del veinte por ciento (20%) al sesenta por ciento (60%) del valor de los bienes objeto del delito.


2. Cuando el órgano o ejecutor de una persona jurídica hubiera cometido en ese carácter el delito a que se refiere el art. 22 de esta ley, la persona jurídica será pasible de multa de pesos cincuenta mil ($ 50.000) a pesos quinientos mil ($ 500.000).


(1) Artículo sustituido por Ley 26.683, art. 18 (B.O.: 21/6/11). El texto anterior decía:


“Artículo 23 – Aplicación de bienes de origen delictivo*. 1. (1) Será sancionada con multa de dos a diez veces del valor de los bienes objeto del delito la persona jurídica cuyo órgano o ejecutor hubiera aplicado bienes de origen delictivo con la consecuencia posible de atribuirles la apariencia de un origen lícito, en el sentido del art. 278, inc. 1, del Código Penal. El delito se considerará configurado cuando haya sido superado el límite de valor establecido por esa disposición, aun cuando los diversos hechos particulares, vinculados entre sí, que en conjunto hubieran excedido de ese límite, hubiesen sido cometidos por personas físicas diferentes, sin acuerdo previo entre ellas, y que por tal razón no pudieran ser sometidas a enjuiciamiento penal.


Será sancionada con multa de cinco a veinte veces del valor de los bienes objeto del delito la persona jurídica cuyo órgano o ejecutor hubiera recolectado o provisto bienes o dinero, cualquiera sea su valor, con conocimiento de que serán utilizados por algún miembro de una asociación ilícita terrorista, en el sentido del art. 213 quáter del Código Penal.


2. (1) Cuando alguno de los hechos hubiera sido cometido por temeridad o imprudencia grave del órgano o ejecutor de una persona jurídica, o por varios órganos o ejecutores suyos, la multa a la persona jurídica será del veinte por ciento (20%) al sesenta por ciento (60%) del valor de los bienes objeto del delito.


3. Cuando el órgano o ejecutor de una persona jurídica hubiera cometido en ese carácter el delito a que se refiere el art. 22 de esta ley, la persona jurídica sufrirá multa de diez mil pesos ($ 10.000) a cien mil pesos ($ 100.000).


(1) Incisos sustituidos por Ley 26.268, art. 8 (B.O.: 5/7/07). El texto anterior decía:


‘1. Será sancionada con multa de dos a diez veces del valor de los bienes objeto del delito la persona jurídica cuyo órgano o ejecutor hubiera aplicado bienes de origen delictivo con la consecuencia posible de atribuirles la apariencia de un origen lícito, en el sentido del art. 278, inc. 1, del Código Penal. El delito se considerará configurado cuando haya sido superado el límite de valor establecido por esa disposición, aun cuando los diversos hechos particulares vinculados entre sí, que en conjunto hubieran excedido de ese límite, hubiesen sido cometidos por personas físicas diferentes, sin acuerdo previo entre ellas, y que por tal razón no pudieran ser sometidas a enjuiciamiento penal.


2. Cuando el mismo hecho hubiera sido cometido por temeridad o imprudencia grave del órgano o ejecutor de una persona jurídica, o por varios órganos o ejecutores suyos, (1) ‘en el sentido del art. 278, inc. 2, del Código Penal’, la multa a la persona jurídica será del veinte por ciento (20%) al sesenta por ciento (60%) del valor de los bienes objeto del delito.


(1) Frase observada por Dto. 370/00’”.


Art. 24 (1) – Incumplimiento de las obligaciones de información*. 1. La persona que, actuando como órgano o ejecutor de una persona jurídica o la persona de existencia visible que incumpla alguna de las obligaciones ante la Unidad de Información Financiera (U.I.F.) creada por esta ley, será sancionada con pena de multa de una a diez veces del valor total de los bienes u operación a los que se refiera la infracción, siempre y cuando el hecho no constituya un delito más grave.


2. La misma sanción será aplicable a la persona jurídica en cuyo organismo se desempeñare el sujeto infractor.


3. Cuando no se pueda establecer el valor real de los bienes, la multa será de pesos diez mil ($ 10.000) a pesos cien mil ($ 100.000).


4. La acción para aplicar la sanción establecida en este artículo prescribirá a los cinco años del incumplimiento. Igual plazo regirá para la ejecución de la multa, computados a partir de que quede firme el acto que así la disponga.


5. El cómputo de la prescripción de la acción para aplicar la sanción prevista en este artículo se interrumpirá por la notificación del acto que disponga la apertura de la instrucción sumarial o por la notificación del acto administrativo que disponga su aplicación.


(1) Artículo sustituido por Ley 26.683, art. 19 (B.O.: 21/6/11). El texto anterior decía:


“Artículo 24 – Incumplimiento de las obligaciones de información*. 1. La persona que actuando como órgano o ejecutor de una persona jurídica o la persona de existencia visible que incumpla alguna de las obligaciones de información ante la Unidad de Información Financiera creada por esta ley, será sancionada con pena de multa de una a diez veces del valor total de los bienes u operación a los que se refiera la infracción, siempre y cuando el hecho no constituya un delito más grave.


2. La misma sanción sufrirá la persona jurídica en cuyo organismo se desempeñare el sujeto infractor.


3. Cuando no se pueda establecer el valor real de los bienes, la multa será de diez mil pesos ($ 10.000) a cien mil pesos ( $ 100.000)”.


Art. 25 – Recurso aplicable*. Las resoluciones de la Unidad de Información Financiera previstas en este capítulo serán recurribles por ante la Justicia en el fuero Contencioso Administrativo, aplicándose en lo pertinente las disposiciones de la Ley 19.549, de Procedimientos Administrativos.


Art. 26 – Normas aplicables*. Las relaciones entre la resolución de la causa penal y el trámite del proceso administrativo a que dieran lugar las infracciones previstas en esta ley se regirán por los arts. 1101 y siguientes y 3982 bis del Código Civil, entendiendo por “acción civil”, la acción “penal administrativa”.


Art. 27 (1) – Recursos*. El desarrollo de las actividades de la Unidad de Información Financiera (U.I.F.) debe financiarse con los siguientes recursos:


a) (1) Aportes determinados en el ‘Presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la Administración Nacional dentro de los asignados al Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación.


(1) Inciso sustituido por Ley 27.260, art. 92, inc. f) (B.O.: 22/7/16). Vigencia: 23/7/16. El texto anterior decía:


“a) Aportes determinados en el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la Administración Nacional que no podrán ser inferiores al cero coma seis por ciento (0,6%) de los asignados al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación”.


b) Los recursos que bajo cualquier título reciba de organismos públicos, privados, nacionales e internacionales.


En todos los casos, el producido de la venta o administración de los bienes o instrumentos provenientes de los delitos previstos en esta ley y de los decomisos ordenados en su consecuencia, así como también las ganancias obtenidas ilícitamente y el producido de las multas que en su consecuencia se impongan, serán destinados a una cuenta especial del Tesoro nacional. Dichos fondos serán afectados a financiar el funcionamiento de la Unidad de Información Financiera (U.I.F.), los programas previstos en el art. 39 de la Ley 23.737 y su modificatoria Ley 24.424, los de salud y capacitación laboral, conforme lo establezca la reglamentación pertinente.


El dinero y los otros bienes o recursos secuestrados judicialmente por la comisión de los delitos previstos en esta ley serán entregados por el Tribunal interviniente a un fondo especial que instituirá el Poder Ejecutivo nacional.


Dicho fondo podrá administrar los bienes y disponer del dinero conforme con lo establecido precedentemente, siendo responsable de su devolución a quien corresponda cuando así lo dispusiere una resolución judicial firme.


(1) Artículo sustituido por Ley 26.683, art. 20 (B.O.: 21/6/11). El texto anterior decía:


“Artículo 27 – Partida presupuestaria*. Para el funcionamiento de la Unidad de Información Financiera deberá preverse la partida presupuestaria correspondiente.


En todos los casos, el producido de la venta o administración de los bienes o instrumentos provenientes de los delitos previstos en esta ley y de los decomisos ordenados en su consecuencia, así como también las ganancias obtenidas ilícitamente y el producido de las multas que en su consecuencia se impongan, serán destinados a una cuenta especial del Tesoro nacional. Dichos fondos serán afectados a financiar el funcionamiento de la Unidad de Información Financiera, los programas previstos en el art. 39 de la Ley 23.737 y su modificatoria, Ley 24.424, los de salud y capacitación laboral, conforme lo establezca la reglamentación pertinente.


El dinero y los otros bienes o recursos secuestrados judicialmente por la comisión de los delitos previstos en esta ley serán entregados por el Tribunal interviniente a un fondo especial que instituirá el Poder Ejecutivo nacional.


Dicho fondo podrá administrar los bienes y disponer del dinero conforme a lo establecido precedentemente, siendo responsable de su devolución a quien corresponda cuando así lo dispusiere una resolución judicial firme”.


CAPITULO V - El Ministerio Público Fiscal


Art. 28 – Fiscal competente*. (1) “Cuando corresponda la competencia federal o nacional”, el fiscal general designado por la Procuración General de la Nación recibirá las denuncias sobre la posible comisión de los delitos de acción pública previstos en esta ley para su tratamiento de conformidad con las leyes procesales y en los reglamentos del Ministerio Público Fiscal; (1) “en los restantes casos de igual modo actuarán los funcionarios del Ministerio Fiscal que corresponda”.


Los miembros del Ministerio Público Fiscal investigarán las actividades denunciadas o requerirán la actividad jurisdiccional pertinente conforme a las previsiones del Código Procesal Penal de la Nación y la Ley Orgánica del Ministerio Público (1) “o, en su caso, el de la provincia respectiva”.


(1) Frases observadas por Dto. 370/00.


Art. 29 – Derogación*. Derógase el art. 25 de la Ley 23.737 (texto ordenado).


Art. 30 (1) – Facultades del magistrado*. El magistrado interviniente en un proceso penal por los delitos previstos en los arts. 303, 213 ter y 213 quáter del Código Penal podrá:


a) Suspender la orden de detención de una o más personas.


b) Diferir dentro del territorio argentino la interceptación de remesas de dinero o bienes de procedencia antijurídica.


c) Suspender el secuestro de instrumentos o efectos del delito investigado.


d) Diferir la ejecución de otras medidas de carácter coercitivo o probatorio.


El magistrado interviniente podrá, además, suspender la interceptación en territorio argentino de remesas de dinero o bienes o cualquier otro efecto vinculado con los delitos mencionados y permitir su salida del país, siempre y cuando tuviere la seguridad de que la vigilancia de aquéllos será supervisada por las autoridades judiciales del país de destino.


La resolución que disponga las medidas precedentemente mencionadas deberá estar fundada y dictarse sólo en el caso de que la ejecución inmediata de las mismas pudiere comprometer el éxito de la investigación. En tanto resulte posible se deberá hacer constar un detalle de los bienes sobre los que recae la medida.


(1) Artículo sustituido por Ley 26.683, art. 21 (B.O.: 21/6/11). El texto anterior decía:


“Artículo 30 – De forma*. De forma”.


Art. 31 (1) – Penas*. Las previsiones establecidas en los arts. 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la Ley 25.241 serán aplicables a los delitos previstos en los arts. 213 ter, 213 quáter y 303 del Código Penal. La reducción de pena prevista no procederá respecto de los funcionarios públicos.


En el caso del art. 6 de la Ley 25.241 la pena será de dos a diez años cuando los señalamientos falsos o los datos inexactos sean en perjuicio de un imputado.


(1) Artículo incorporado por Ley 26.683, art. 22 (B.O.: 21/6/11).


Art. 32 (1) – Reserva de la identidad*. El magistrado interviniente en un proceso penal por los delitos previstos en los arts. 213 ter, 213 quáter y 303 del Código Penal podrá disponer la reserva de la identidad de un testigo o imputado que hubiere colaborado con la investigación, siempre y cuando resultare necesario preservar la seguridad de los nombrados. El auto deberá ser fundado y consignar las medidas especiales de protección que se consideren necesarias.


(1) Artículo incorporado por Ley 26.683, art. 23 (B.O.: 21/6/11).


Art. 33 (1) – Revelación de la identidad*. El que revelare indebidamente la identidad de un testigo o de un imputado de identidad reservada, conforme las previsiones de la presente ley, será reprimido con prisión de uno a cuatro años y multa de pesos cincuenta mil ($ 50.000), siempre y cuando no configurare un delito más severamente penado.


Las sanciones establecidas en el art. 31 sexies de la Ley 23.737 serán de aplicación para el funcionario o empleado público en los casos de testigo o de imputado de identidad reservada previstos en la presente ley, en tanto no resulte un delito más severamente penado.


(1) Artículo incorporado por Ley 26.683, art. 24 (B.O.: 21/6/11).



DECRETO 370/00


Buenos Aires, 5 de mayo de 2000


Artículo 1 – Obsérvase el inc. 2 del art. 278 del Código Penal, sustituido por el art. 3 del proyecto de ley registrado bajo el N° 25.246.


Artículo 2 – Obsérvase en el inc. 2 del art. 279 del Código Penal, sustituido por el art. 4 del proyecto de ley registrado bajo el N° 25.246, la frase que dice: “No será punible el encubrimiento de un delito de esa índole, cuando se cometiere por imprudencia, en el sentido del art. 278, inc. 2”.


Artículo 3 – Obsérvase en el inc. 3 del art. 279 del Código Penal, sustituido por el art. 4 del proyecto de ley registrado bajo el N° 25.246, la frase que dice: “En el caso del art. 278, inc. 2, la pena será de uno a cinco años de inhabilitación”.


Artículo 4 – Obsérvase en el segundo párrafo del art. 10 del proyecto de ley registrado bajo el N° 25.246 la frase “... y percibirán una remuneración equivalente a la de un juez de Primera Instancia”.


Artículo 5 – Obsérvase en el cuarto párrafo del art. 10 del proyecto de ley registrado bajo el N° 25.246 la frase “... de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional ...”.


Artículo 6 – Obsérvase en el art. 12 del proyecto de ley registrado bajo el N° 25.246 la frase “... la Inspección General de Justicia ...”.


Artículo 7 – Obsérvase en el inc. 2 del art. 23 del proyecto de ley registrado bajo el N° 25.246 la frase “... en el sentido del art. 278, inc. 2, del Código Penal ...”.


Artículo 8 – Obsérvase en el art. 28 del proyecto de ley registrado bajo el N° 25.246 la frase: “Cuando corresponda la competencia federal o nacional ...”; “... en los restantes casos de igual modo actuarán los funcionarios del Ministerio Fiscal que corresponda” y “... o, en su caso, el de la provincia respectiva”.


Artículo 9 – Con las salvedades establecidas en los artículos precedentes, cúmplase, promúlgase y téngase por Ley de la Nación el proyecto de Ley registrado bajo el N° 25.246.


Artículo 10 – Dése cuenta al Honorable Congreso de la Nación.


Artículo 11 – De forma.

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