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Vistos los autos: “Prodecom S. A. (TF 20. 862-I) c/ D. G. I. ”.

1° ) Que la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, al revocar la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación, dej ó sin efecto la resolución por la cual la Administración Federal de Ingresos Públicos determinó la obligación de la actora en el impuesto al valor agregado por los períodos comprendidos entre diciembre de 1996 y marzo de 2000.

2° ) Que para decidir en el sentido indicado, el tribunal de alzada se remitió a un precedente de la Sala IV de esa cámara en el que se resolvió una cuestión sustancialmente análoga a la debatida en el sub examine, en una causa seguida entre las mismas partes (“Prodecom S. A. – TF 16. 232-I c/ DGI”, fallada el 12 de septiembre de 2002) , y en el que se estableció — con referencia a períodos fiscales anteriores a los cuestionados en estos autos— que la actividad desarrollada por la actora no se encontraba alcanzada por el impuesto al valor agregado.

3° ) Que en efecto, en ese precedente —cuya copia certificada obra a fs. 315/319— se llegó a la conclusión de que tal actividad, llevada a cabo en virtud del contrato que la accionante había celebrado con la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y consistente en la provisión de alimentos a una serie de centros comunitarios que le fueron asignados constituía la propia de un “típico contrato administrativo de suministro” (fs. 317) . Al respecto se puntualizó que si bien al establecerse el obj eto de la licitación se aludió a la “entrega de víveres en crudo”, no podían caber dudas de que se trataba de la entrega de raciones alimentarias a centros comunitarios — ubicados en villas de emergencia y barrios carenciados— que debían efectuarse todos los días durante el lapso de duración del contrato y en los horarios específicamente detallados. En suma, el a quo desechó el criterio del ente recaudador —que había fundado la determinación de oficio en la inteligencia de que se trataba de la venta de cosas muebles alcanzadas por el IVA en virtud del art. 1° , inc. a, de la ley de ese tributo— y consideró, por el contrario, que se trataba de la prestación de servicios de carácter asistencial, incluida —según su criterio— en el párrafo segundo del punto 1, del inc. e, del art. 3° de la ley de IVA que exceptúa del tributo a las prestaciones de servicios de refrigerios o comidas efectuadas en lugares de trabaj o, establecimientos sanitarios exentos o de enseñanza — oficiales o privados— reconocidos por el Estado en tanto sean de uso exclusivo para el personal, pacientes o acompañantes, o en su caso para el alumnado.

4° ) Que al respecto se señaló en el precedente al que se remite la sentencia que no podía obviarse que entre los propósitos generales de orden económico, financiero y de promoción de la comunidad tenidos a la vista por el legislador se encontraba el de abaratar el costo del servicio de comida prestado en determinadas entidades o establecimientos en atención al vínculo que los unía con sus beneficiarios, así como su situación social o de salud; y que “la tesis propuesta por el Fisco llevaría a la inadmisible conclusión de que quedarían al margen del impuesto los servicios de comida prestados en comedores de colegios privados —a los que accede alumnado de alta capacidad contributiva— y deberían abonarlo aquellos prestados en los comedores comunitarios de las villas de emergencia y barrios carenciados, contradiciendo abiertamente los fines perseguidos por el legislador” (fs. 317).

5° ) Que contra lo así decidido, el organismo recaudador deduj o recurso ordinario de apelación (fs. 327) que fue concedido por el a quo a fs. 329, y resulta formalmente admisible pues se dirige contra una sentencia definitiva, dictada en una causa en la que la Nación es parte, y el valor disputado en último término, sin sus accesorios, supera el mínimo establecido en el art. 24, inc. 6° , ap. a, del decreto-ley 1285/58 y la resolución 1360/91 de esta Corte. El memorial de agravios obra a fs. 359/375 y su contestación por la actora a fs. 381/401.

6° ) Que en su memorial de agravios, el representante del organismo recaudador asevera que “no caben dudas” acerca de que la actividad que realiza la sociedad en cuestión se encuentra alcanzada por la ley del gravamen, en el art. 3° , inc. e, apartado 1° , primer párrafo (confr. fs. 370 vta. ) . Aduce que la finalidad social en la que pone el acento el a quo tiene que ver con la situación de los beneficiarios, pero no define el tipo de contrato que la actora suscribió con la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, hace notar que en la cláusula sexta del convenio obrante en los antecedentes administrativos se previó que la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires revestiría la condición de consumidor final “a los efectos del impuesto al valor agregado” y que “cuando así correspondiera” el precio que se cotice debería incluir ese tributo (fs. 370 vta. ).

8° ) Que así enfocada la cuestión, resulta claro que los agravios del ente recaudador son insuficientes para desvirtuar los fundamentos de la decisión apelada en lo relativo al carácter asistencial de la prestación de los servicios sobre los que versa la causa; a que no puede obviarse que entre los propósitos generales de orden económico, financiero y de promoción de la comunidad tenidos a la vista por el legislador se encuentra el de abaratar esos servicios; y que la tesis propuesta por la AFIP llevaría a la inadmisible conclusión de que quedarían al margen del impuesto los servicios de comida prestados en comedores de colegios privados, pero estarían gravados los realizados en comedores de centros comunitarios ubicados en villas de emergencia y barrios carenciados.

9° ) Que sin perj uicio de ello, cabe destacar que el criterio seguido por el a quo para concluir que la actividad desarrollada por la actora se encuentra comprendida en la norma que la excluye del impuesto resulta acorde con la doctrina de esta Corte en orden a que debe evitarse el excesivo rigor de los razonamientos que desnaturalicen al espíritu que ha inspirado la sanción de la norma (Fallos: 310: 464; 500 y 937; 312: 1484; 318: 879) , pues, por encima de lo que las leyes parecen decir literalmente, corresponde indagar lo que dicen j urídicamente, y si bien no cabe prescindir de las palabras, tampoco resulta adecuado ceñirse rigurosamente a ellas cuanto lo requiera la interpretación razonable y sistemática (Fallos: 312: 1614; 318: 879) , ya que el espíritu que la nutre ha de determinarse en procura de una aplicación racional, que elimine el riesgo de un formalismo paralizante (Fallos: 234: 482; 302: 1284; 326: 2095, entre otros).

Por ello, se confirma la sentencia apelada, con costas.

Notifíquese y devuélvase. RICARDO LUIS LORENZETTI - ELENA I. HIGHTON de NOLASCO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - JUAN CARLOS MAQUEDA - E. RAÚL ZAFFARONI - CARMEN M. ARGIBAY.

ES COPIA

Recurso ordinario de apelación interpuesto por el Fisco Nacional (AFIP – DGI) , representado por la Dra. María Sofía Presti. 

Traslado contestado por Prodecom S. A. , representado por Gerardo Agustín Friedmann, con el patrocinio del Dr. Francisco Canese Méndez.

Tribunal de origen: Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

Tribunales que intervinieron con anterioridad: Tribunal Fiscal de la Nación.